¿Quién está realmente en condiciones de conducir el destino de un país como el Perú: un político de carrera o un economista con formación técnica? Esta pregunta, incómoda y urgente, cobra especial relevancia en un país marcado por la inestabilidad institucional, la precariedad del aparato estatal y decisiones improvisadas con impacto profundo sobre las actividades económicas del Perú.

La  historia económica del Perú con quiebres decisivos

La historia económica del Perú ha sido cualquier cosa menos lineal. En el siglo XIX, la economía guanera permitió por unos años financiar al Estado, pero sin diversificación ni inversión en capital humano. Luego, el ciclo de la plata y el caucho mostró nuevamente el error: aprovechar un boom sin consolidar estructuras productivas.

Ya en el siglo XX, en el gobierno Juan Velasco Alvarado se estatizaron las principales industrias, generando una fuerte distorsión en las actividades económicas del Perú, al tiempo que multiplicaba el aparato estatal sin eficiencia. La hiperinflación de fines de los 80 fue otro punto de quiebre, esta vez provocado por decisiones populistas y por ignorar recomendaciones de cualquier economista sensato. La apertura comercial de los 90 y la estabilización monetaria bajo el modelo neoliberal intentaron corregir ese rumbo, aunque generaron sus propios desequilibrios: concentración, informalidad, crecimiento sin inclusión.

Hoy, el ciclo económico del Perú oscila entre la dependencia de materias primas, la alta informalidad laboral y la ausencia de una política industrial moderna. La falta de continuidad técnica en los ministerios ha hecho imposible que exista un verdadero plan de desarrollo sostenido. Los ministros entran y salen como fichas de ajedrez; pocos duran más de un año. En muchos casos, ni siquiera son economistas.

¿Quién toma las decisiones económicas?

Si bien los economistas peruanos han ocupado cargos clave como el Ministerio de Economía, el BCRP o la SUNAT, su permanencia en el poder real ha dependido siempre del respaldo político. Y aquí está el dilema: ¿por qué seguimos entregando las decisiones estructurales del país a personas sin preparación técnica?

En cualquier empresa seria, no se pondría a un contador a hacer neurocirugías. Pero en la política peruana, cualquiera puede dirigir el MEF o proponer reformas tributarias sin haber estudiado un solo curso de macroeconomía. ¿El resultado? Inestabilidad normativa, desconfianza empresarial, y políticas que afectan directamente a las actividades económicas del Perú.

Los economistas tienen una ventaja clave: entienden los impactos atemporales de las decisiones. Saben que un subsidio mal diseñado puede costar más que su beneficio, o que una mala política cambiaria puede destruir reservas internacionales.

Sin embargo, tampoco hay que idealizarlos. La tecnocracia sin sensibilidad social o sin conexión con la realidad territorial también ha fallado. Un economista desconectado de los sectores productivos rurales, o incapaz de dialogar con regiones fuera de Lima, es igual de perjudicial.

¿Formación económica obligatoria?

Aquí viene el giro incómodo: ¿debería exigirse formación económica mínima para cargos públicos de alto nivel? En un país con tantos recursos mal administrados, y donde las actividades económicas del Perú son altamente sensibles a regulaciones técnicas, la respuesta parece obvia.

No se trata de elitismo ni exclusión. Se trata de proteger al país de la ignorancia con poder. La situación económica del Perú merece ser gestionada con criterio técnico, visión de largo plazo y rendición de cuentas.

En el Congreso, por ejemplo, se presentan proyectos que implican gasto público sin un solo estudio de impacto económico. Los debates sobre impuestos, minería, comercio exterior o empleo informal se resuelven por aplausos, no por evidencia. Esto ha contribuido al deterioro del ciclo económico del Perú, la baja productividad y la debilidad fiscal.

Por ello, no basta con tener a un buen economista en un ministerio. Hace falta una masa crítica de funcionarios y autoridades que comprendan al menos lo básico: qué es el PBI, cómo funciona el sistema tributario, por qué la inflación no se combate con decretos.

El desafío ético y técnico

El Perú necesita tanto sensibilidad política como racionalidad económica. No se trata de reemplazar a los políticos por economistas, sino de exigir que aquellos que toman decisiones cruciales tengan la preparación mínima para no hundir más al país.

La historia económica del Perú ya nos dio suficientes lecciones. Hoy, más que nunca, la técnica debe estar al servicio del desarrollo, no subordinada al cálculo electoral. Y si eso significa elevar los estándares para ocupar cargos públicos, entonces es un debate que no podemos seguir postergando.

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