La población chilena participó el 4 de setiembre último en el plebiscito (referéndum, consulta) que tuvo a lugar sobre el nuevo texto constitucional que reemplazaría la Constitución de Chile vigente de 1980; sin embargo, el resultado final de 61.9% fue por el rechazo a dicho texto, contundente revés para el gobierno de Gabriel Boric ¿Por qué este desenlace y qué consecuencias traerá? A continuación, lo explicamos.
La Constitución como norma fundamental
La promesa de una nueva Constitución como remedio ante los diversos problemas que puede afrontar un país, o redimirlo de la crisis, ha ocurrido en diversos países con distintos alcances: Ecuador y Bolivia cambiaron sus constituciones en el presente siglo, en el Perú fue parte de las promesas de campaña de Pedro Castillo y en el caso de Chile se llegó a proponer un nuevo texto, pero que finalmente fue desaprobado.
La Constitución es la norma fundamental de un país, la cual contempla los derechos fundamentales de la persona, los valores e ideales políticos que forjan a la sociedad, establece la organización del Estado, las facultades y competencias de las principales autoridades, y demás mecanismos que regulan el poder político. El origen de la Constitución parte de la voluntad soberana de los gobernados con la fundación del país, mediante el poder constituyente, siendo un órgano representativo de éste, una Asamblea o Congreso, el que tiene la labor de redactar la Constitución. En el reciente caso chileno se le bautizó como Convención Constitucional.
Las constituciones se hacen para que perduren, como tal no hay una regla escrita o periodo que contemple la elaboración de nuevas constituciones periódicamente, y se si requieren algunos cambios, se aplican las reglas de la reforma constitucional. Como tal, en situaciones excepcionales, una nueva Constitución debe resultar de la expresión genuina de la nación, con un claro propósito político de modificar sustancialmente la organización y prioridades del Estado y el gobierno, manifestándose o protestando mayoritariamente para dicho fin. No obstante, en la experiencia histórica también se han promovido nuevas constituciones por iniciativa del gobernante de turno, buscando establecer reglas y mecanismos compatibles con sus intereses.
El preludio de la Convención Constitucional
Entre los meses de octubre de 2019 y marzo de 2020 tuvieron a lugar una escalada de protestas en todo Chile, con epicentro en la ciudad de Santiago donde surgió el estallido por el alza en la tarifa del sistema de transporte público, a lo cual se fue sumando otros reclamos sociales.
Como solución a las exigencias, el gobierno propuso un conjunto de medidas en salud, seguridad, condiciones laborales y pensionarias, entre otras a discutirse con los actores sociales y de las principales fuerzas políticas. Se acordó también la convocatoria a un plebiscito nacional consultando si debía darse una nueva Constitución; éste último se realizó el 25 de octubre de 2020 con un resultado de 78.28% de electores respaldando la propuesta.
Analizando el resultado y efectos del rechazo a la nueva Constitución de Chile
La Convención Constitucional presentó el texto a consultarse, conformado por 388 artículos, casi el triple de la Constitución actual, incluyendo expresiones diversas con fines inclusivos según refirieron, en especial para las comunidades nativas. Llamó la atención el empleo de novedosas expresiones como «Democracia Paritaria», «Estado plurinacional e intercultural», “inapropiable” (refiriéndose al agua).
Ahora bien, conforme a lo pactado, correspondía a la población aprobar el nuevo texto constitucional; no obstante, éste ha sido rechazado mayoritariamente. La razón de este resultado según los reportes se deriva de la desconfianza del electorado, y en parte la incertidumbre, de los efectos que tendría este nuevo texto en la organización actual del país y el manejo de los recursos; es decir, como algunas medidas tildadas de radicales incidirían en el status quo moderado de la mayoría de la población, que veía una potencial amenaza de divisionismo en las reivindicaciones que se plasmaban.
Se considera además que no se habría dado la suficiente difusión al nuevo texto constitucional, lo que originó que un grupo de electores al desconocer el contenido optará por rechazarlo. A ello, se puede sumar los efectos de la pandemia, y es que el contexto en el que se gestó el estallido social varió rápidamente y radicalmente producto del confinamiento social y las secuelas dejadas por la COVID-19 que hizo perder el entusiasmo por la novedad de una nueva Constitución, prefiriéndose mantener la seguridad en lo conocido.
Dentro de los efectos del resultado, podemos señalar que la contradicción entre el apoyo inicial a una nueva Constitución, pero no a la que finalmente se redactó fomentará inseguridad en el plano político y social. Asimismo, el gobierno de Gabriel Boric, que apoyó abiertamente el nuevo texto, deberá sacudirse la derrota para lo cual deberá hacer algunos cambios en su gabinete e impulsar con particular prudencia cualquier reforma que pueda propiciar desconfianza en su gestión.
Autor: Dante Paiva Goyburu
Doctor en Derecho y Ciencia Política por la UNMSM. Secretario de Redacción de la Revista Peruana de Derecho Público. Secretario Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional – Sección Peruana. Investigador CONCYTEC. Es docente en la Universidad Continental.
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